El Parlamento Europeo ha aprobado una normativa sobre el retorno de los inmigrantes indocumentados como primer paso hacia una política migratoria común para toda la UE.
Tras tres años de continuas negociaciones, el Parlamento Europeo aprobó la nueva legislación sobre la expulsión de inmigrantes indocumentados de la Unión Europea por 367 votos a favor, 206 en contra y 109 abstenciones.
La ley es una normativa común para los Estados miembros de la UE que regula el retorno de los inmigrantes indocumentados desde Estados no miembros de la UE y promueve el retorno voluntario. Si los inmigrantes no están regularizados, los Estados pueden conceder a los inmigrantes ilegales que regresen a su país de origen por su propia voluntad un periodo de salida de al menos siete y no más de 30 días. En caso contrario, pueden ser recluidos en centros de detención hasta su expulsión, con un periodo máximo de detención de 18 meses y una prohibición de reingreso en territorio europeo de cinco años.
En la actualidad, algunos países no tienen un periodo mínimo ni máximo de detención, que suele ser más corto que el establecido en la nueva ley, como España, Francia y Chipre, mientras que países como Hungría, Polonia y Bélgica tienen un periodo máximo de seis meses, y algunos países no tienen un periodo máximo de detención (el Reino Unido, Grecia, Finlandia, Irlanda y los Países Bajos), todos ellos con normas diferentes.
La legislación en materia de expulsión pretende ofrecer garantías jurídicas a los inmigrantes, en particular para proteger los intereses de los menores y sus familias, previendo inicialmente un internamiento de un máximo de seis meses, que puede prolongarse hasta 12 meses según el caso. Los Estados miembros deben proporcionar asistencia jurídica gratuita a los inmigrantes irregulares que carecen de recursos.
La aprobación formal por parte del Consejo tendrá lugar en julio y cada Estado miembro tendrá dos años para modificar sus propias normas y adaptarse a la nueva legislación antes de que entre en vigor en 2010. España calcula que entre 15 y 20.000 inmigrantes se beneficiarán de la Directiva de Retorno.
El Gobierno español tiene previsto limitar los criterios de reagrupación familiar al cónyuge y a los hijos menores de 18 años del inmigrante solicitante, según ha anunciado el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho. Sin embargo, este método permite actualmente integrar a los hijos del solicitante en el núcleo familiar, ya sean menores, padres o padrastros. El objetivo de esta medida es reducir la afluencia de inmigrantes a España. Por otro lado, España considera excesiva la duración máxima de la estancia de 18 meses para los inmigrantes prevista en la nueva ley y no la aceptará.
Se espera una reacción conjunta de diferentes países latinoamericanos para protestar contra el compromiso entre el Parlamento Europeo y los 27 Estados miembros de la Unión Europea que adoptaron las nuevas normas de inmigración. La reacción latinoamericana a la aprobación de la ley de expulsión se considera discriminatoria y una violación de los derechos humanos fundamentales, especialmente del derecho a la libertad de circulación internacional. En el caso de Carlos Isasi Cayo, cónsul de Perú en Madrid, se considera que la ley equipara a los inmigrantes con los delincuentes comunes, un
