La Asociación en Solidaridad con los Trabajadores Inmigrantes en Alicante – ASTI – ha presentado una queja ante el Defensor del Pueblo porque considera que la policía discrimina a los inmigrantes indocumentados que quieren obtener sus documentos para sus hijos españoles.
Por ello, la diócesis ha solicitado la suspensión de la multa (301 euros) impuesta a los padres que recogen sus documentos de identidad en la comisaría.
En defensa de los migrantes, ASTI argumenta que esta medida es indigna y desestabiliza la economía precaria de los migrantes. La policía pide el permiso de residencia del niño al tramitar su DNI y, si confirma que es irregular, le pone una multa de unos 301 euros, según la ley.
Esta medida es muy importante porque el DNI es imprescindible para identificar y realizar los distintos trámites administrativos necesarios para acceder a los servicios sanitarios.
También preocupa que los inmigrantes en esta situación decidan no solicitar el DNI para sus hijos españoles, o retrasen la solicitud, por miedo a las sanciones administrativas.