La nueva ley de inmigración fue aprobada ayer por la Cámara de Diputados. Es la cuarta reforma en los últimos ocho años y la primera que impulsa el Gobierno de Zapatero. Todo ello a pesar de las numerosas manifestaciones de oposición y rechazo por parte de organizaciones sin ánimo de lucro, asociaciones de inmigrantes, organizaciones humanitarias, Amnistía Internacional y otras.
La ley fue aprobada por 185 votos, con el apoyo del Partido Socialista, Coalición Canaria (CC), el Partido Nacionalista Vasco (PNV) y el Partido Nacionalista Catalán Convergencia i Unió (CiU), mientras que el Partido Popular la rechazó y el siguiente paso es someterla al Senado. Mientras tanto, la Asamblea aprobó 300 de las 732 enmiendas presentadas por los diferentes grupos políticos.
Ver: Enmiendas presentadas en el Parlamento para modificar la Ley de Extranjería.
Consuelo Rumí, secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, expresó la satisfacción del Gobierno estatal por la reforma de la ley, afirmando que se trata de una ley moderna que garantiza los derechos fundamentales de todos los inmigrantes, entre otros aspectos.
La ley mantiene las disposiciones que restringen los criterios de reagrupación familiar, amplía el periodo de residencia legal a cinco años para los inmigrantes que deseen reunirse con sus descendientes y sólo les permite solicitar la reagrupación familiar si son mayores de 65 años.
Véase también: Restricciones a la reagrupación familiar según la nueva Ley de Extranjería.
Un «informe de integración» emitido por el municipio que muestre los esfuerzos de integración del inmigrante (por ejemplo, el aprendizaje del español), si los hay, y que se tenga en cuenta a la hora de solicitar la reagrupación familiar, la residencia temporal, la residencia de larga duración, el arraigo o la nacionalidad.
En el caso de los inmigrantes irregulares que llegan a España, el periodo máximo de internamiento pasa de 40 a 60 días, lo que permite a las ONGs entrar en los centros de internamiento de extranjeros, asumiendo las ONGs y los ayuntamientos la tutela de los menores extranjeros no acompañados.
Se impondrán multas de hasta 10.000 euros a quienes faciliten la estancia ilegal de los inmigrantes ofreciéndoles puestos de trabajo o invitaciones, que son necesarios para muchos inmigrantes de países latinoamericanos que quieren entrar en España.
Otra cuestión controvertida es que la restricción del registro de inmigrantes indocumentados les niega el acceso a la educación y a los servicios sanitarios.
Véase también: 2009 La reforma de la inmigración en España.
