Según el diario El País, el Gobierno no aceptará dar ningún documento o papel a los inmigrantes irregulares que no puedan ser deportados antes de salir del país.
El Defensor del Pueblo y el Senado exigen documentos para los inmigrantes.
Según este periódico, el Defensor del Pueblo ha pedido al Comisario de Inmigración que conceda permisos de trabajo temporales a los extranjeros cuya nacionalidad u origen no pueda determinarse para que sean liberados sin que se ejecuten sus órdenes de expulsión.
El gobierno razonó que estos papeles y documentos animarían a las mafias a comprar y vender inmigrantes y convertir a estos extranjeros en «residentes». El Defensor del Pueblo ha rogado por segunda vez que el Gobierno acepte reconsiderar la decisión. Sin embargo, el gobierno ha vuelto a expresar su oposición.
Inmigración no removible
Los inmigrantes irregulares son personas que entran en España de forma irregular y cuyo lugar de origen o nacionalidad no puede ser determinado por las autoridades españolas. Por tanto, se les impide regresar porque no saben qué régimen se les aplica en función de su país de origen.
Para evitarlos, acuden a los Centros de Internamiento de Extranjeros. Pueden permanecer en este centro durante 40 días. Si los funcionarios no pueden determinar el país de origen, los migrantes son liberados con una decisión administrativa de expulsión, que no puede aplicarse en la práctica.
Documentos de identidad (pero no válidos para el trabajo)
Si bien es posible la identificación de los inmigrantes por parte de la administración, estos documentos no permiten a los inmigrantes trabajar ni seguir ningún procedimiento regular. Según los expertos, esta situación favorece la explotación, el abuso laboral y el trabajo no declarado (topmanta).
Por lo general, se trata de inmigrantes procedentes de las Islas Canarias, Ceuta y Melilla que han sido traídos a la península desde países africanos. La solicitud de documentos del Defensor del Pueblo en estos casos se refería a 173 inmigrantes del África subsahariana traídos a Andalucía desde las Islas Canarias. El Defensor del Pueblo solicitó «documentos de identidad» para poder «realizar algún tipo de trabajo mientras la deportación sea imposible».
En junio de 2006, a petición del Defensor del Pueblo, el Senado adoptó por unanimidad una resolución en la que se pedía al gobierno que estudiara la posibilidad de conceder permisos de residencia y trabajo temporales a estos inmigrantes indocumentados hasta su expulsión.
