El Consejo de Ministros ha aprobado una nueva reforma de la Ley de Extranjería y el Parlamento está debatiendo el cuarto proyecto de la Ley Básica de Derechos y Libertades de los Extranjeros y su Integración en España. Se espera un duro debate hasta llegar a un consenso sobre el nuevo texto.
Esta reforma se refiere a la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, que ha sido modificada varias veces en los últimos nueve años debido al aumento de la inmigración en España.
La enmienda principal establece que sólo se incluirán en el grupo de descendientes (abuelos) a los familiares mayores de 65 años que hayan residido en España de forma continuada durante cinco años. Por otro lado, también se está estudiando la posibilidad de conceder permisos de trabajo a los hijos descendientes que tengan edad para trabajar (a partir de los 16 años).
Se prevé conceder permisos de residencia y trabajo temporales a las mujeres extranjeras indocumentadas que hayan sido víctimas de violencia sexual, para que no puedan presentar cargos por miedo a ser deportadas.
Reconocer a las parejas no casadas en las mismas condiciones que las casadas.
En cuanto a la repatriación, los menores tienen derecho a un abogado antes de ser repatriados, se celebran audiencias y los mayores de 16 años tienen la oportunidad de intervenir. El periodo máximo de detención para los extranjeros indocumentados se ha incrementado de 40 a 60 días.
Las organizaciones no gubernamentales que presten asistencia humanitaria a los inmigrantes ilegales no serán sancionadas, pero las que les ayuden a permanecer ilegalmente en España tras haber cursado una invitación a los extranjeros para entrar en el país serán multadas con hasta 10.000 euros.
La orden de expulsión les da un plazo de siete a 30 días para abandonar voluntariamente el territorio español y les prohíbe volver a España durante un periodo de cinco años.
Según el Gobierno, la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega dijo el viernes en rueda de prensa que la reforma pretende «lograr el consenso, el rigor y la eficacia para una migración legal, ordenada e integrada con derechos y obligaciones». También declaró que quería «reforzar la lucha contra la inmigración irregular y promover la integración de los inmigrantes a través de iniciativas parlamentarias».
